Daniela Cicardini (PS) y Catalina Pérez (RD) valoraron la orden de no innovar de la Corte de Copiapó, y aseguraron que se continuará con otras medidas para evitar que el Gobierno logre el objetivo planteado.

 

Son diez los días que la Corte de Copiapó otorgó al Gobierno para responder por el recurso de protección presentado por el gobernador de Atacama, Miguel Díaz, y que pone en pausa adjudicación del litio a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Al respecto, este domingo, el titular de Minería, Juan Carlos Jobet, se mostró confiado en tener los argumentos suficientes para llevar a cabo este proceso, lo cual ha producido algunas reacciones dentro de la oposición, desde donde sí se ha valorado haber obtenido una al menos una pausa en la licitación a través de un proceso judicial.

Así lo manifestó, por ejemplo, la diputada del Partido Socialista, Daniela Cicardini, quien aseguró que lo manifestado por el Gobierno no es “ninguna novedad”.

“Nadie ha dicho que el proceso de licitación ha terminado, pero sí es importante que un tribunal haya acogido a trámite este recurso junto a una orden de no innovar hasta evitar el fondo. Para mí es tremendamente significativo que este recurso que ha permitido esta suspensión del proceso de adjudicación haya nacido en mi región, en Atacama, a partir de lo que hizo el gobernador regional con comunidades indígenas de quienes estuvimos hablando antes de su ingreso a la Corte”, señaló la diputada.

Por su parte, la diputada de RD, Catalina Pérez, dio cuenta de otras iniciativas llevadas a cabo desde la oposición y que también buscar prolongar el debate respecto de la utilización del litio.

“En la oposición vamos a seguir todas las vías administrativas mediante, una reclamación en Contraloría; las vías judiciales, mediante recursos de protección, y también las vías legales. Hoy día existen dos proyectos impulsados, uno de ellos de mi autoría, que busca suspender el proceso. Eso tiene que seguir su curso, el presidente de la comisión de Minería ha respaldado la continuidad de esta tramitación, veremos las modificaciones necesarias en su idea matriz, pero nos parece importante que el Congreso continúe con un pronunciamiento férreo respecto de la negativa de vender el litio”, explicó.

Finalmente, Pérez criticó la postura del Gobierno en este proceso, asegurando que “es muy grosero lo que se pretende hacer”, tomando en cuenta de que se trata de una administración que está de salida, además de la discusión por los recursos que se viene llevando a cabo en la Convención Constitucional.

“No puede ser la necesidad del Presidente de dejar amarradas al final de su mandato medidas tan graves como éstas. No puede ser el ego del Presidente lo que prime a la hora de generar una política pública, sino más bien la responsabilidad fiscal, con nuestros ecosistemas, en el diálogo con las comunidades de pueblos indígenas y por las regiones afectadas por la lógica extractivista que este gobierno se ha impuesto profundizar”, sentenció.

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