Por Haroldo Quinteros.

 

 

Una de las muestras más palpables de la pobreza en materia de democracia en Chile, es la legislación sobre los llamados “aportes reservados,” envueltos en una copiosa reglamentación que pretende infructuosamente probar transparencia, límite y control del gasto electoral de los candidatos en períodos de elecciones. En verdad, esta especie de show es hipocresía pura porque, al fin de cuentas, son estos aportes los que deciden quien despliega más propaganda en las campañas electorales y, con ello, quienes tienen más chance de ganar las elecciones.

Los aportes reservados tienen definidos tanto su origen como su destino. Hace unos años, en los marcos del trato del que fuera el bullado “caso Penta” por fraude al fisco, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) de entonces, Andrés Santa Cruz, ante todo el país y sin el menor desparpajo, en un programa de Televisión Nacional declaró que «un desfile de candidatos pasa por las empresas para que les donen dinero.» ¿Qué tal? No dijo quiénes son éstos, y, por supuesto, debió hacerlo porque esta acusación, lanzada al voleo, conlleva el supuesto que las exitosas campañas electorales de los que deciden nuestra situación económica, legal, sanitaria, educacional, etc.,  fueron financiadas desde donde la plata más se acumula en Chile, los bancos y arcas del gran empresariado privado.

Santa Cruz no dijo más, y no hizo falta, porque es obvio que el tal «desfile” ante la CPC sólo puede darse en dos ocasiones: primero, durante los meses asignados legalmente a las campañas electorales; y segundo, cuando llegado el momento en que los elegidos deben o no deben aprobar una ley. Más claro todavía: si un parlamentario participó en ese “desfile,” al votar una ley que involucraba intereses empresariales, bien pudo actuar como un convencido neo-liberal, o,  noblesse oblige, debió devolver el favor en plata contante y sonante que le hicieron los socios de la CPC cuando era candidato.

Vamos por parte: la ley, que en una democracia de verdad, debe velar por la ecuanimidad en cuanto a cómo deben mostrarse los candidatos ante el pueblo votante, es extremadamente injusta, dada, para empezar, la existencia legal en ella de estos aportes. Es una ley no sólo injusta y falaz sino sesgada, porque en su abrumadora mayor parte, estas platas las reciben los candidatos de la derecha,  defensores del sistema capitalista vigente; o mejor dicho aun, los guardianes de los intereses empresariales que, normalmente son contrarios a los intereses populares. Para rematar, y de modo sólo definible como corruptela, la cascada de plata no deja de fluir después de las elecciones, cuando a los elegidos menos o más indecisos, hay que “mojarlos” un poco si se vota una ley que afecte a los camaradas de Andrés Santa Cruz. Ya conocemos bochornosos casos, como Corpesca, Soquimich y otros, en que probadamente reinó la ilustrísima señora coima.

Hasta aquí, aunque suene ingenua la pregunta, la haré: si los comicios electorales son una actividad pública, ¿por qué los atraviesa el dinero privado?

En fin, los aportes reservados, precisamente por su naturaleza secreta, son “libres.” No se discute a quiénes llegan, y menos aun es tema desde donde provienen. Por supuesto, de dónde puede provenir si no de los bolsillos de los magnates de la CPC. Lógicamente, no se los darán a sus adversarios, la izquierda, sino a sus defensores.

Por lo expuesto, lo más ético del mundo es que los “aportes reservados” para las campañas electorales debieran anularse por completo, y que el financiamiento de ellas debe ser estatal, por lo menos hasta un 95%. Por ende, debe ser igualitario para todos los candidatos. Finalmente, es ético social y políticamente que el 5% restante sólo debe provenir probadamente de personas naturales, y no de los imperios económicos reinantes en Chile. De este modo, las campañas electorales serían limpias, libres de la sospecha del soborno, sobrias y sin el desbocado, farandulero y circense despliegue de miles de millones de pesos tirados en las calles mientras faltan camas en los hospitales y pupitres en las escuelas. De ese modo, a la manera de los países serios, las campañas electorales se basarían  exclusivamente en la argumentación política.

Finalmente, las cifras y datos duros en materia de gasto electoral son registrados por el Servel. Abundan y revelan quienes son los mayores beneficiarios de los aportes reservados. Como colofón a estas reflexiones, sólo recordaré, más que nada por su patetismo, lo que ocurrió en la movida campaña presidencial de 2013. Bajo el concepto de “aportes reservados” revelados por Servel, Evelyn Matthei recibió $2.312.122.905, lo que, obviamente, no puede extrañarnos; Michelle Bachelet tuvo una “ayudita” de $1.405.681.423, platas que nunca supo explicar su origen; Marco Enríquez-Ominami, $240 millones, Tomás Jocelyn-Holt $19 millones; y la pobladora anti-sistema Roxana Miranda… 0 pesos. Capisci?

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